Investigación revela fallas críticas en el sistema eléctrico tras megacorte del 25 de febrero
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra el consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y ocho empresas de transmisión y generación, señalando graves deficiencias que contribuyeron al apagón masivo del 25 de febrero, el cual dejó al 98,5% del país sin suministro y generó pérdidas estimadas en 450 millones de dólares.
La investigación de la SEC, iniciada tras el megapagón del 25 de febrero, reveló una serie de deficiencias operacionales y de fiscalización. Este evento, que sumió a casi la totalidad del país en la oscuridad, generó un impacto económico considerable, con pérdidas que el ministro de Energía estimó en 450 millones de dólares. Los cargos formulados por la SEC apuntan a una responsabilidad compartida entre diversas entidades del sector eléctrico.
Fallas sistémicas y responsabilidades
Entre las empresas acusadas, destaca Interchile, donde se originó la falla inicial. La SEC la señaló por no mantener sus sistemas de seguridad al día y por no cumplir con las condiciones operativas requeridas. Otra empresa clave en la investigación es Transelec, responsable de una importante carretera eléctrica. Su sistema SCADA, vital para visualizar y gestionar la operación, estaba apagado en el momento crítico de la falla, lo que impidió una respuesta rápida y efectiva. La falta de respaldo energético para este sistema esencial resultó en una propagación del corte. Varias otras empresas también recibieron cargos por su rol en la extensión del apagón.
Las multas para cada empresa podrían alcanzar los 8 millones de dólares por falla, estimándose una recaudación total de aproximadamente 50 millones de dólares si todos los cargos se ejecutan. Sin embargo, estos fondos se destinarán directamente a las arcas del Estado, sin compensación directa para los usuarios afectados. Además de las empresas, el consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional también enfrentó cargos.
La SEC indicó que el consejo no cumplió con su rol de asegurar la operación segura del sistema. Un estudio encargado por el propio Coordinador había recomendado operar una línea a 1.600 megawatts, pero esta operaba a 1.800, lo que demuestra una clara omisión en la aplicación de sus propias recomendaciones.
Los miembros del consejo arriesgan multas personales de alrededor de 24 millones de pesos chilenos. Una controversia adicional surgió al conocerse que el Coordinador habría contratado un seguro para las responsabilidades civiles de sus consejeros con fondos de la propia entidad, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad de esta práctica.
La Comisión Nacional de Energía solicitó explicaciones al Coordinador sobre esta póliza. La investigación aún no concluye, y se esperan nuevos cargos relacionados con la propagación y los planes de recuperación del sistema eléctrico.