Informe advierte que menos del 3% de la financiación climática mundial apoya una transición justa para trabajadores y comunidades

A solo una semana del inicio de las negociaciones climáticas de la COP30 en Belém, Brasil, un nuevo informe de la organización ActionAid advierte que menos del 3% de la financiación internacional para mitigación del carbono se destina a proyectos que aseguren una “transición justa” para los trabajadores y comunidades afectadas por el abandono de las industrias contaminantes.

El estudio, que analizó más de 640 proyectos financiados por los principales fondos multilaterales —el Fondo Verde para el Clima de la ONU y los Fondos de Inversión Climática administrados por el Banco Mundial—, concluye que solo uno de cada 50 cumple con los criterios de justicia social, equidad de género y participación comunitaria.

“Aparentemente, las personas se ven forzadas a elegir entre un trabajo seguro y un planeta seguro”, afirmó Teresa Anderson, responsable global de justicia climática de ActionAid. “Estos proyectos no hacen lo suficiente para asegurarles que no deben tomar esa decisión”.

Según el informe, solo 1 dólar de cada 35 invertidos por los fondos climáticos se dirige a proyectos que promuevan una transición justa, lo que equivale a 630 millones de dólares en más de una década —una cifra inferior al valor de un superyate del empresario Jeff Bezos, ironizó la organización.

Los autores advierten que este déficit no solo plantea problemas éticos, sino también riesgos prácticos para la acción climática. Como ejemplo, mencionan un proyecto en Bangladés que incentivó el cultivo de mangos para reducir emisiones, pero fracasó económicamente al no consultar a trabajadores temporales ni a mujeres que dependían de la producción de arroz.

“Prácticamente ninguna financiación climática está apoyando a los trabajadores y comunidades para llevar a cabo transiciones justas. Esto es absurdo”, sostuvo Anderson.

El informe también denuncia que la estructura actual de la financiación climática global favorece a los intereses de los inversores por sobre las necesidades de las comunidades. “Los datos confirman lo que los sindicatos ven en el terreno: la acción climática se diseña desde las salas de juntas, no desde las realidades locales”, señaló Bert De Wel, de la Confederación Sindical Internacional.

Ante este panorama, ActionAid y otras organizaciones de la sociedad civil esperan que la COP30 marque un punto de inflexión. En Belém, exigirán la creación del “Mecanismo de Acción de Belém”, que permita desarrollar planes concretos de transición justa, impulsando políticas que integren justicia social, sostenibilidad y participación ciudadana.

“La justicia debe dejar de ser un tema periférico y pasar al centro de la agenda climática”, subrayó Anabella Rosemberg, asesora de la Climate Action Network.

ActionAid insta además a los países ricos a comprometer billones de dólares anuales en subvenciones para apoyar la descarbonización equitativa del Sur Global y propone reformar los principios del Fondo Verde para el Clima para priorizar el bienestar de los trabajadores. También plantea que los Fondos de Inversión Climática, controlados por el Banco Mundial, deben cerrarse definitivamente, dado que ya cumplieron su papel transitorio.

“Los atajos que dejan fuera la justicia social solo alargan el camino”, advirtió Anderson. “Sin participación, no habrá transición justa, ni acción climática duradera”.