Congreso Nacional aprobó la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú: Deberá ser promulgado por el presidente Boric
Desde el Ministerio del Medio Ambiente destacaron la resolución, haciendo énfasis en el avance hacia “un nuevo modelo de desarrollo, donde la vida de las personas y la naturaleza esté en el centro de las decisiones”. Así, Chile se convertirá en el país número 25 en firmarlo y 13 en ratificarlo.
Las Comisiones de Medio Ambiente y Relaciones exteriores del Senado aprobaron con 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, la adhesión al acuerdo regional al Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.
Ahora, deberá ser promulgado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, para luego comunicar la ratificación ante la Secretaría General de las Naciones Unidas.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente destacaron la resolución: “queremos avanzar en un nuevo modelo de desarrollo, donde la vida de las personas y la naturaleza esté en el centro de las decisiones”, comunicaron.
Después de 90 días desde su oficialización, Chile se convertirá en el país número 25 en firmarlo y 13 en ratificarlo. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló a La Tercera que la votación de esta jornada fue una “muy buena noticia para el país”
El tratado internacional posee 26 artículos que se fundan en la implementación, los derechos de acceso (información ambiental, participación pública y justicia), la protección de las generaciones venideras y el desarrollo sostenible.
Nuestro país fue una de las naciones impulsoras en la elaboración del tratado, perocon posterioridad nuestro país se restó mediante un anuncio del ex canciller Andrés Allamand en 2020, señalando ciertas “ambigüedades”.
Por su parte, el mandatario expresó que “este tratado eleva los estándares sobre acceso a la información, participación y justicia ambiental”.
Breve historia de Escazú
El tratado nació luego de la Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, conocida como Río+20, en la que se establecieron una serie de principios. En particular, el número 10 sembró las bases para el pacto regional estableciendo que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados”.
Los gobiernos de la región expresaron su compromiso para elaborar e implementar un plan de acción para “avanzar en la adopción de un convenio regional u otro instrumento”. Además, se constituyó un Comité de Negociación y una Mesa Directiva que copresidió Chile.